El pasado lunes, 4 de noviembre, saltaron las alarmas tras publicarse en el diario regional El Comercio una noticia a través de la cual se informaba de la intención de Renfe de iniciar el proceso de contratación para el derribo de varios talleres y cocheras situados en Candás, en origen pertenecientes al Ferrocarril de Carreño.
El conjunto arquitectónico está compuesto por las antiguas cocheras y depósito de locomotoras y por los dos inmuebles objeto del derribo: el de vestuarios y botiquín y un bloque de viviendas adosado al primero en su parte posterior. Los mismos están datados en la década de 1930 y cuentan con protección patrimonial integral en el Catálogo Urbanístico de Carreño, aprobado en 2012, en la ficha número CAND-SU-OI-01-I, donde se reconoce su alto grado de interés.
Aunque sin valor jurídico, los elementos se encuentran incluidos en el Inventario de Patrimonio Histórico Industrial de Asturias (IPHI) asumiendo el interés de estas construcciones en el conjunto de la estación de Candás. El Ayuntamiento de Carreño procedió en el pasado mes de abril a solicitar a Renfe la subsanación de varias deficiencias que suponían un peligro para la integridad de los edificios y de los propios viandantes, optando la empresa de transportes por su demolición con un precio que rondaba los 90.000 euros.
Tras conocer esta noticia el Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón (CEAG) manifestó su rotundo rechazo a la materialización de la demolición y se puso en contacto con la administración local para poner a su disposición los servicios del Centro para evitarlo. Por su parte, el CEAG pretendía convocar de manera urgente a la Comisión de Patrimonio Arquitectónico e Industrial con el fin de valorar la situación, pero al conocer la reconsideración del derribo por parte de la propiedad, el debate se pospondrá a la próxima reunión del órgano en el primer trimestre de 2020. El director de la comisión Daniel Fernández García mostró el desacuerdo de la institución con esta actuación y el presidente del CEAG, Rubén Domínguez, calificó de “disparate el derribo de más bienes del patrimonio industrial en una progresiva pérdida del legado material de nuestra historia más reciente”, así como el arqueólogo Nicolás Alonso, vocal del CEAG, que afirmó que de llevarse a cabo la demolición se “estaría contraviniendo la propia legislación vigente al respecto, que es meridianamente clara. Los inmuebles cuentan con protección integral. No lleva a la indecisión.”
Las dos dependencias propuestas para derribo. Foto: Google Maps.